Con intención o sin ella, la multa de la SIC es una condena a muerte a la industria azucarera.

El debate de control político que preparan las bancadas legislativas de Cauca, Risaralda y Valle del Cauca sobre la multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, a varios ingenios y otras empresas del sector azucarero es oportuno y necesario, pues de hacerse efectivo el pago de la exorbitante sanción, la economía regional sufriría un golpe de consecuencias impensables.

El debate debe centrarse en la exageración del monto de la penalidad, $324 mil millones, que de ser cancelados representarían la quiebra inmediata de la industria azucarera colombiana.

Si la Superintendencia prueba que los ingenios y demás empresas y personas cobijadas por esta decisión incurrieron en cartelización para impedir la importación de azúcar, debe proceder a sancionar, pero el costo de esa sanción no puede ser el fin de un sector que genera 188 mil empleos, entre directos e indirectos, en 47 municipios del suroccidente colombiano.

El exagerado monto de la multa, así como la no medición de los efectos económicos y sociales de su aplicación representan un despropósito que amerita la acción coordinada de las fuerzas vivas de la región.

¡Como es que en un momento tan complejo como el que atraviesa la economía, una entidad que hace parte del Gobierno Nacional no calcula las consecuencias de imponerle a un ingenio azucarero una sanción pecuniaria superior a sus utilidades!

Este caso es aún más preocupante si se tienen presentes las versiones que hablan de supuestas motivaciones políticas del presidente Juan Manuel Santos tras esta sanción. Ojalá se trate solo de conjeturas infundadas, porque sería un crimen tomar decisiones de este tipo a partir de emociones revanchistas sin que importen los efectos sobre la estabilidad económica de una región que le ha aportado tanto al desarrollo nacional. El Gobierno, del que hace parte la SIC, debe una explicación al respecto.

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