Lo vivido ayer en Cali por cuenta de los bloqueos que se registraron en las vías de ingreso a la ciudad se constituye en una violación flagrande de los derechos de miles de ciudadanos por parte de un pequeño grupo que concibe erradamente el derecho a la protesta.

Miles de personas que viven en municipios vecinos, pero laboran en Cali, no pudieron llegar a sus trabajos porque, desde muy temprano, los ingresos a la capital del Valle del Cauca fueron taponados por los promotores del paro. Eso, hay que decirlo claramente, no es una forma pacífica de protestar.

Cuando una manifestación afecta la movilidad de la ciudadanía, cuando afecta el derecho al trabajo de otros, deja de ser pacífica, porque está deliberadamente afectando la calidad de vida de otras personas.

No se trata de pedirles a los inconformes que no se manifiesten, están en libertad de hacerlo y el Estado y los demás ciudadanos deben respetar ese derecho, pero no se puede caer en el error de interpretar esto como una licencia para afectar a otros.

Los bloqueos suelen ser una estrategia desesperada de quienes, ante la imposibilidad de hacer grandes convocatorias en plazas o de realizar movilizaciones multitudinarias, acuden a las vías de hecho para hacerse notar, pero, lo que ignoran, es que al afectar la normalidad de otras personas, lo que consiguen es perder respaldo ciudadano. En ese sentido, con los bloqueos pierden hasta quienes los organizan.

La sociedad pacífica debe rechazar tanto el vandalismo, como la violencia y los bloqueos, pues ninguna de estas formas se debe validar como mecanismo de protesta.

El que quiera protestar que lo haga, pero sin limitar los derechos de otros.

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