Nada justifica lo ocurrido durante el paro del año pasado, nada justifica destruir una ciudad física y emocionalmente.

Se cumple un año del inicio del paro nacional, una protesta que tomó el rumbo equivocado y, en el caso de Cali y buena parte del Valle del Cauca, propició comportamientos y situaciones que no se deben repetir y que, bajo ninguna circunstancia, se pueden tolerar nuevamente.

Sin duda, Cali llevó la peor parte, la ciudad estuvo sitiada por casi dos meses, no solo por el taponamiento de sus vías de acceso, sino también por bloqueos internos, que imposibilitaron desde la recolección de residuos hasta el abastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos, como las vacunas contra el covid-19, en pleno segundo pico de la pandemia.

También hubo saqueos a estaciones de combustible y otros establecimientos comerciales, la destrucción de varios locales y la vandalización de edificaciones públicas y privadas.

Como si esto fuera poco, buena parte de la infraestructura del MIO, que aún no se termina de recuperar, fue destruida o vandalizada, lo mismo que parte de la flota. Esto más los bloqueos hizo imposible que el servicio de transporte público urbano se prestara en la ciudad. Gran parte de los semáforos también fueron destruidos y apenas hace una semana terminaron de reparar las intersecciones afectadas.

En medio de la tensión producida por este clima, hubo enfrentamientos entre ciudadanos y hechos de violencia que aún son investigados por las autoridades.

Fueron casi dos meses en los que el caos y el miedo se apoderaron de Cali, por eso, lo vivido entre abril y junio de 2022 es algo que no se debe repetir, porque con el paro no ganó nadie, por el contrario, perdimos todos.

Hoy la ciudad, el departamento y el país no se reponen de los efectos emocionales y económicos que dejaron las revueltas y los bloqueos. Ojalá quienes propiciaron tal situación, por acción u omisión, lo tengan claro.

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