La decisión de Ecuador de imponer un arancel del 30% a las importaciones colombianas y la respuesta de Colombia en el mismo sentido abrieron una tensión comercial que va mucho más allá de un cruce de decretos.

En el centro del impacto no están los gobiernos, sino los territorios, las empresas, los trabajadores y los consumidores, especialmente en regiones como Cali y el Valle del Cauca, donde el vínculo comercial con el país vecino es profundo y estratégico.

El Valle del Cauca exporta más de 330 millones de dólares anuales a Ecuador, su segundo mercado más importante.

Más de 440 empresas del departamento, muchas de ellas pequeñas y medianas, dependen de ese intercambio para sostener empleo, inversión y procesos de internacionalización.

Productos como azúcar, medicamentos, confitería, artículos de cuidado personal, moda, autopartes y cableado eléctrico hacen parte de una cadena productiva que no se puede apagar de un día para otro sin consecuencias.

Por eso la preocupación de los gremios, de las cámaras de comercio y de las autoridades locales no es retórica.

El empleo formal en Cali y el Valle del Cauca tiene una relación directa con las exportaciones.

Afectarlas implica poner en riesgo miles de puestos de trabajo, frenar inversiones y debilitar sectores que venían mostrando señales de recuperación.

Además, Ecuador cumple un papel clave como primer destino de exportación para muchas empresas que apenas comienzan a salir al mercado internacional.

Detrás de esta tensión hay un debate de fondo que no puede ignorarse. El presidente de Ecuador plantea cuestionamientos sobre la falta de acciones firmes de Colombia en materia de seguridad fronteriza.

Esa crítica no es menor, pues es evidente que el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha logrado controlar de manera efectiva a los grupos armados ilegales, que por el contrario han aumentado su presencia, su control territorial y su capacidad criminal.

Sin embargo, ese debate debe darse por los canales diplomáticos y técnicos, no mediante decisiones unilaterales que castigan a la economía legal.

Imponer aranceles como mecanismo de presión es una salida equivocada que termina afectando a quienes no tienen responsabilidad directa en la disputa política o de seguridad.

Allí se equivoca Ecuador al imponer el gravamen y se equivoca Colombia al responder con una medida similar. En esta lógica de retaliaciones, ambos países pierden.

Las consecuencias no se limitan a los exportadores. También las pagan los consumidores, que terminarán enfrentando precios más altos, menor oferta y distorsiones en los mercados.

Sectores como el azucarero, el motriz y el de autopartes ya advierten riesgos de pérdida de competitividad y de incentivo a la informalidad y al contrabando, un efecto colateral que suele aparecer cuando se encarece el comercio legal.

Colombia y Ecuador son países hermanos, con una historia de cooperación y reglas comunes en el marco andino.

Romper ese equilibrio por decisiones apresuradas debilita la integración regional y envía un mensaje negativo a los inversionistas. Las relaciones internacionales no pueden manejarse bajo la lógica de la imposición, sino de la construcción de acuerdos.

Lo que está en juego no es un pulso político, sino el bienestar de miles de familias a ambos lados de la frontera.

Por eso el llamado debe ser claro: más diplomacia, más técnica y menos anuncios unilaterales. Proteger la democracia, el empleo y la economía legal debe estar por encima de cualquier cálculo coyuntural.

Comments