Las nuevas modalidades de transporte son una realidad; los dueños de los vehículos deben competir con calidad y tarifa.

Para hoy está programada en varias ciudades del país, entre ellas Cali,  una jornada de protesta de taxistas que piden la prohibición de las aplicaciones que, como Uber, permiten que se preste el servicio de transporte público en vehículos particulares.

El argumento de los conductores de los taxis es que estas plataformas atentan contra su derecho al trabajo, pues ahora deben compartir los pasajeros con los particulares que operan a través de las aplicaciones.

Este es un tema complejo, que debe abordarse desde la perspectiva de los usuarios; si han surgido otras ofertas de transporte público diferentes a las convencionales es, simplemente, porque parte de la demanda busca un servicio con nuevas características.

En la actualidad los compradores de cualquier producto o servicio son cada vez más exigentes y el transporte público no es la excepción. En ese sentido, el gremio de taxistas debe preguntarse porqué algunos usuarios prefieren Uber y competir con un servicio de calidad que involucre desde el estado de mantenimiento y limpieza de los vehículos, hasta la seguridad de los pasajeros, pasando por la forma de conducir y la tarifa.

Los taxistas tienen derecho al trabajo, pero también lo tienen los conductores de Uber, y, así mismo, los pasajeros tienen derecho a escoger el servicio que consideren más apropiado según sus necesidades y su presupuesto.

En el caso puntual de Cali, donde no se cuenta con un transporte masivo que cumpla en cuestiones de rapidez y cobertura, restringir cualquiera de las alternativas que tienen los ciudadanos para desplazarse sería un error; la gente necesita el MIO, las busetas y los microbuses, los taxis, Uber, las bicicletas y hasta los “motorratones” y los vehículos piratas.

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