Cali, noviembre 19 de 2026. Actualizado: miércoles, noviembre 18, 2026 21:20
Si la prohibición del porte legal de armas no se acompaña de una ofensiva para desarmar a los delincuentes, no servirá.
La decisión del presidente Juan Manuel Santos de prohibir el porte legal de armas a lo largo y ancho del territorio nacional durante todo el año apunta a tener una sociedad desarmada, algo ideal, pero dadas las condiciones de seguridad del país, se requiere mucho más que esta medida.
Sería ingenuo pensar que los sicarios, los atracadores y los extorsionistas acatarán esta disposición, primero, porque, como es apenas obvio, no se rigen por las normas, y, segundo, porque las armas que utilizan para cometer delitos son, en la mayoría de los casos, ilegales.
Por otro lado, la mayoría de los ciudadanos que tienen armas con salvoconducto las portan para su protección personal ante el acoso de la delincuencia.
Con estas dos consideraciones, el Presidente de la República debe comprometerse a adelantar operativos agresivos para desarmar a los delincuentes, porque si los ciudadanos que necesitan protección estarán desarmados, serán aún más vulnerables, presas fáciles para los criminales.
Hay que apoyar el desarme, claro, pero el desarme general, y a los primeros que se debe desarmar es a quienes utilizan estos instrumentos para sembrar muerte y atemorizar a la gente que se gana el sustento de manera honrrada, no puede quedar la sensación de que se persigue a los buenos, mientras los malos siguen tan campantes.
Los civiles deben estar desarmados, sí, allá debemos llegar, pero las autoridades, con el Presidente de la República a la cabeza, deben tener claro que la mejor forma de lograr que la gente no porte armas es garantizándole su seguridad.
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