La violencia volvió a irrumpir con fuerza en el suroccidente colombiano este 10 de junio. Explosivos, hostigamientos y ataques simultáneos llenaron de miedo a Cali, Corinto y Jamundí.

El impacto en la población civil ha sido profundo: hay muertos, heridos y una sensación de abandono. A solo tres días del atentado al senador Miguel Uribe, el mensaje de los violentos es claro.

Sin embargo, también lo es la determinación de la ciudadanía a no rendirse ante el terror. En barrios como Meléndez y Manuela Beltrán, los vecinos protegieron a niños y socorrieron heridos.

La solidaridad emergió como escudo frente al miedo, y eso es un signo de esperanza. Mientras los actores armados buscan imponer el caos, la sociedad reafirma su derecho a la paz.

Pero ese esfuerzo no puede estar solo: el Estado debe responder con claridad y contundencia. El abandono prolongado solo fortalece a quienes lucran del narcotráfico y la minería ilegal.

Cauca y Valle del Cauca necesitan más que operativos temporales y promesas sin fecha. Necesitan presencia institucional real, justicia, inversión social y liderazgo político.

La visita del presidente Petro a Cali debe ser más que un acto de campaña. Es el momento ideal para liderar un consejo de seguridad que escuche y actúe.

El país espera acciones firmes, no excusas ni silencios ante la amenaza creciente. Los colombianos del suroccidente no se han rendido, ni lo harán.

Resisten con dignidad y piden al Estado que esté de su lado, sin ambigüedades. La paz se construye con firmeza, presencia territorial y protección efectiva a la ciudadanía.

Aún estamos a tiempo de evitar que esta región sea tomada por la desesperanza. Con decisión estatal y unidad social, podemos frenar la violencia y recuperar la confianza.

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