Como víctimas o victimarios, los menores de edad están cada vez más expuestos a la violencia.

En los últimos días se han registrado graves hechos de violencia que involucran a menores de edad como víctimas y victimarios.

En Buenaventura cuatro menores de edad que pertenecerían a una banda criminal fueron capturados por retener y torturar a dos habitantes de la calle a quienes encerraron, golpearon y sometieron a descargas eléctricas.

En zona rural de Florencia, Caquetá, cuatro hermanos entre los 4 y los 17 años de edad fueron masacrados por desconocidos que llegaron en la madrugada del pasado 5 de febrero hasta su casa y abrieron fuego de manera indiscriminada; en el hecho resultó herido otro menor. También la semana pasada Tuluá fue escenario de dos hechos escalofriantes: un niño de 8 años de edad fue degollado y otro, de 13 años y oriundo de Cali, apareció descuartizado en un cañaduzal.

Hechos como estos demuestran que la descomposición social está desbordada en Colombia y que el Estado no ha podido evitar el crecimiento progesivo de la violencia ni ha logrado evitar el ingreso de las nuevas generaciones a esta espiral de delincuencia y muerte.

Este último factor es aún más preocupante, pues la tan anhelada paz, así se firme un acuerdo con los grupos armados ilegales, no será realidad mientras cada vez más jóvenes entren al mundo del delito, que es como un embudo, con una puerta de entrada muy grande y una salida estrecha que muy pocos logran pasar.

Urge el endurecimiento de penas para los mal llamados menores infractores, no puede ser que un joven homicida, probadamente peligroso, quede en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y reciba trato de niño inocente, cuando en verdad se trata de un criminal que aprovecha la debilidad institucional para delinquir. Y, desde luego, urgen medidas sociales de inclusión, educación, recreación, capacitación y oportunidades, para evitar que los menores de edad tomen el camino del delito.

¿Cuántas generaciones más de colombianos se van a perder?

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