Sería inadmisible que se permitiera el ingreso de guerrilleros armados a las zonas de concentración.

El proceso de paz atraviesa por un momento complejo, tal vez el más difícil durante los tres años y medio que llevan los diálogos de La Habana, pues cuando se creía que estaba a punto de firmarse el acuerdo final, anunciado para el pasado 23 de marzo, surgieron grandes desacuerdos en torno a las zonas en las que deberán concentrarse los combatientes de las Farc para hacer su transición de la ilegalidad hacia la vida civil.

En resumen, el Gobierno considera que los guerrilleros  tienen que entregar las armas antes de ingresar a estos territorios, mientras que los negociadores del grupo ilegal insisten en que permanezcan armados. Esa no es la única diferencia: para el Gobierno las zonas de concentración deben ser veredas apartadas en las que los subversivos tengan el menor contacto posible con civiles, mientras que las Farc quieren que sean cabeceras municipales en las que puedan hacer política.

Aquí hay que reconocer que el Gobierno Nacional, que tantas veces se ha mostrado débil y permisivo con la guerrilla durante las negociaciones, está en la posición correcta, pues permitir que los guerrilleros estén armados en las zonas de concentración y que hagan política en estos territorios equivaldría a crear zonas de despeje.

Con los antecedentes de la guerrilla es normal que tanto las autoridades como los ciudadanos teman que estos espacios sean utilizados para cometer todo tipo de excesos, como ocurrió en el área de San Vicente del Caguán, donde las Farc convirtieron los 45 mil kilómetros cuadrados de la zona de distensión en un paraiso del secuestro, el narcotráfico y el terrorismo.

Solo la entrega de las armas confirmará la voluntad de paz de la guerrilla, todo lo previo a ello no será más que discurso; por eso, mientras los guerrilleros estén armados, será muy difícil verlos como actores políticos.

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