Indignante, por decir lo menos, resultan los privilegios pensionales de magistrados, congresistas y otros altos funcionarios del Estado, pues quienes se supone deberían ser garantes y ejemplos de equidad social, son los beneficiarios y defensores de un modelo perverso de jubilación, en el que cuentan con prebendas que los ciudadanos del común no sólo no tienen, sino que ayudan a subsidiar con sus aportes.

Según cifras del Ministerio del Trabajo, mientras que el 68% de los colombianos pensionados reciben menos de dos salarios mínimos mensuales vigentes, 1.032 compatriotas, que en su mayoría han pasado por el Congreso de la República o alguna de las altas cortes, están jubilados con mensualidades que superan los 25 salarios mínimos, es decir, más de $15 millones.
Aunque hace más de una década fueron eliminados los regímenes especiales de pensiones, quienes están en las cúpulas de los poderes públicos del Estado siguen disfrutando de esos privilegios y, actuando en beneficio propio, cuando se supone que sus decisiones deberían partir de la búsqueda de la equidad, han sido incapaces de renunciar a esas prebendas y someterse al mismo sistema que cobija a los demás colombianos.

Como en el Congreso no fueron capaces de hacer lo que se debía, ahora la suerte de estas pensiones millonarias está en manos de la Corte Constitucional que, con esta decisión deberá dar una muestra de justicia, al poner en la balanza los intereses de los mismos magistrados, que son una minoría, frente a los de millones de trabajadores colombianos.

Si se va a respetar el derecho adquirido de quienes ya se pensionaron bajo este esquema perverso o están a punto de hacerlo, es comprensible, porque aunque injusto es legal, lo que sería inadmisible y decepcionante es que no se le pusiera fin a semejante abuso y se permitiera que congresistas y magistrados siguieran beneficiándose de tan inequitativo modelo. Ahí está la diferencia entre servirle al Estado y servirse del Estado.

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