La crisis financiera que enfrenta el país en sectores como la salud, la educación y la energía, agravada por las deudas del gobierno nacional, genera una creciente preocupación.

Audifarma, el mayor gestor farmacéutico del país, solicitó acogerse a la Ley 1116 debido a la gigantesca deuda que Nueva EPS —una entidad intervenida por el propio gobierno— no ha pagado.

A esto se suma la advertencia de Acemi: el sistema de salud cerrará este año con un déficit de $5.9 billones, afectando directamente la atención de millones de pacientes.

En el sector energético, la situación no es mejor.

La falta de cumplimiento en los giros para cubrir los subsidios prometidos por el gobierno afecta especialmente a los hogares de los estratos uno, dos y tres en la costa atlántica, quienes enfrentan el riesgo de un colapso en el suministro eléctrico.

Andesco alertó que esta deuda asciende a $2 billones y que no se han tomado medidas para evitar un impacto negativo en los ciudadanos más vulnerables.

Por su parte, el sector educativo también sufre las consecuencias.

La crisis del Icetex ya ha forzado a universidades privadas a ajustar sus calendarios académicos.

Los recursos proyectados para esta entidad en 2025 se reducirán en un alarmante 33%, poniendo en riesgo el acceso a la educación superior de miles de jóvenes.

Ante estas alarmantes cifras, surgen preguntas inevitables: ¿es esta situación resultado de una mala administración, o hay una intención deliberada de desarticular al sector privado? Las dos cosas son graves.

Las recurrentes críticas del presidente Gustavo Petro hacia generadores de energía, universidades privadas y EPS plantean dudas sobre si estas deudas buscan debilitarlos.

Sin embargo, si ese es el objetivo, ¿por qué no existe una política clara de sustitución que garantice eficiencia y cobertura?

La realidad es que estas deudas están desestabilizando a tres sectores fundamentales para el desarrollo del país.

Si la intención es crear un modelo más público, el camino actual no parece garantizar soluciones, sino más problemas para millones de colombianos que dependen de estos servicios esenciales.

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