Resulta cada vez más preocupante que el gobierno nacional impulse propuestas que promueven antivalores, como la que el presidente Gustavo Petro lanzó hace pocos días en Soacha, Cundinamarca, donde planteó pagarles a los ladrones para que dejen de robar.

No es la primera vez que este gobierno hace ese tipo de propuestas, que son tan populistas como ingenuas e irresponsables, pues venden la idea de que cometer ilícitos es una forma de recibir beneficios de las autoridades, algo que, lejos de reducir los índices delincuenciales, por el contrario, puede estimularlos.

¿Qué puede pensar un colombiano honesto, de escasos recursos, que día a día se levanta a trabajar para obtener su sustento y el de su familia, cuando escucha que el presidente de la República ofrece recursos para los delincuentes?
Claro que el gobierno debe buscar fórmulas que permitan sacar al mayor número posible de colombianos del delito y que, sobre todo, debe hacer el máximo esfuerzo para evitar que más personas entren a ese mundo, pero debe cuidarse de implementar ideas que, como la lanzada en Soacha, terminen convertidas en una motivación más para delinquir.

Lamentablemente, las propuestas del actual gobierno, como la “paz total” o la reforma al Código Penal están plagadas de beneficios que promueven los antivalores, como, por ejemplo, la eliminación de delitos como la inasistencia alimentaria, que dejará libres de toda responsabilidad a los padres irresponsables que se desconectan de la crianza de sus hijos.

El mensaje que debe enviar el gobierno nacional es, precisamente, el contrario al promovido hasta ahora; el discurso de las autoridades debe estar enfocado en destacar las ventajas de ser un buen ciudadano. En ese sentido, hay que premiar el esfuerzo, no los antivalores, pues Colombia difícilmente superará su compleja situación de inseguridad y violencia mientras el mismo Estado promueva la idea de que ser pillo paga.

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