En medio de los desafíos en materia de seguridad que enfrenta el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro hizo un contundente llamado al presidente Gustavo Petro para que asuma su responsabilidad en la lucha contra la criminalidad y los grupos armados ilegales en la región.

En sus declaraciones, la mandataria subrayó una verdad ineludible: la seguridad y el orden público son competencias primordiales del gobierno nacional.

Desde hace varias semanas, la gobernadora viene insistiendo en la necesidad urgente de que la Nación lidere una intervención integral en el Pacífico colombiano, apoyando con un incremento del pie de fuerza y la logística necesaria para que la Policía y el Ejército puedan cumplir eficazmente su labor, pero la respuesta de la Casa de Nariño y el Ministerio de Defensa sigue siendo inferior ante la amenaza que viven, no sólo el Valle, sino también Cauca, Nariño y el mismo Chocó.

El atentado ocurrido esta semana en Jamundí es un triste recordatorio de la vulnerabilidad de la región y le da la razón una vez más a la gobernadora del Valle en su llamado al gobierno nacional.

¿Qué tiene que pasar para que el presidente acepte lo que está ocurriendo y asuma la defensa de la población civil?
Es preocupante el mensaje enviado por el presidente Petro, quien sugirió que la gobernadora Toro debe avanzar en la sustitución de cultivos ilícitos en Jamundí, cuando la realidad es que, sin el apoyo nacional, los esfuerzos locales quedan severamente limitados.

Los alcaldes, la Gobernación y la Fuerza Pública del Valle del Cauca están trabajando de manera articulada para enfrentar estos retos, pero el esfuerzo debe ser conjunto con la Nación.

Por ello, es fundamental que los gremios, la dirigencia política y la sociedad civil se unan en una sola voz para exigir al presidente Petro que se comprometa con la seguridad.

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