La visita del presidente Gustavo Petro a Buenaventura, a raíz de la compleja situación de criminalidad y violencia que se vive en el puerto vallecaucano, dejó muchas dudas en torno a la política de seguridad del gobierno nacional, pues se esperaban anuncios precisos de acciones para retomar el control territorial y evitar que los bonaverenses continúen en manos de la bandas que azotan la ciudad, pero no fue así.

Como ha ocurrido en otros consejos de seguridad, el discurso del presidente giró en torno a reflexiones genéricas sobre el deber ser.

Si bien hay una innegable relación entre la situación socio económica y la violencia, que hacen necesaria una intervención integral que vaya más allá de la fuerza pública, los centros urbanos tienen problemas de seguridad tan complejos que requieren acciones urgentes y contundentes contra las bandas criminales y todos los actores ilegales, mientras se aplican otras estrategias de mediano y largo plazo que, desde la inclusión, la educación y las oportunidades, corten la espiral de violencia.

Ante una situación tan compleja no se puede caer en idealismos, como pedirle a las bandas que se enfrentan en Buenaventura que dialoguen entre ellas. La responsabilidad de la seguridad es del gobierno y, por lo tanto, lo que se espera en un consejo de seguridad encabezado por el presidente de la República y la cúpula militar es que se definan las acciones a emprender contra la criminalidad.

El propio obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo, pidió previamente mano dura contra las agrupaciones que tienen azotada a la ciudad. “Son bandidos que tienen armas largas y que no van a dejar el negocio del narcotráfico por un desarme voluntario”, dijo el líder religioso.

¿Entonces, por qué el gobierno nacional cae en una actitud ingenua que deja expuestos a los ciudadanos ante las organizaciones criminales?

Foto: Presidencia de la República

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