Es necesario que el presidente Gustavo Petro explique al detalle los alcances de su política de seguridad, pues el discurso que pronunció el pasado viernes, durante el cambio de mando de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, dejó muchas dudas en relación a la posición que en adelante tendrá la fuerza pública frente al crimen.

Las palabras del jefe de Estado dejaron en el ambiente la sensación de que, bajo el modelo de “seguridad humana”, la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea no podrán estar a la ofensiva frente a las organizaciones criminales.

Dijo Petro que su modelo de seguridad “se basa, no en el número de bajas o en el número de muertos, sino en el aumento de la vida”, lo que se presta para interpretaciones que debe precisar.

Si bien es válido y necesario que la fuerza pública actúe con sumo respeto por los Derechos Humanos y total consideración por la población civil, para evitar que se repitan hechos atroces, como los falsos positivos, esto no se puede prestar para bajar la guardia frente a todos los grupos armados ilegales, incluyendo las guerrillas y las disidencias de estás, y todo el crimen organizado.

Ante una amenaza tan grande como la que representan estas agrupaciones, las bajas en combate no pueden satanizarse, pues se trata de sujetos que representan una amenaza para el país, como en su momento lo fueron “Alfonso Cano” y el “Mono Jojoy”, que cayeron en operativos legítimos de las fuerzas del Estado.

Ojalá todo sea un error de interpretación, pues, si las Fuerzas Militares y la Policía quedan maniatadas frente al crimen, los grupos al margen de la ley van a ampliar su control territorial, lo que implica no sólo más coca, sino también más población civil sometida por la ilegalidad.

Foto: Presidencia de la República

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