Hay que impedir que otros actores armados ocupen los espacios que dejarán las Farc.

Los hechos de violencia ocurridos en las últimas dos semanas en el departamento del Cauca son preocupantes. Siete campesinos han sido asesinados sin que hasta el momento se haya establecido la autoría ni se sepa si los hechos están relacionados.

Salvo las autoridades locales, poco se ha dicho sobre estas muertes a las que el Gobierno Nacional debería prestar mayor atención. ¿Acaso después de la firma del acuerdo con las Farc, grupo armado ilegal que históricamente ha azotado al Cauca, seguirá la violencia en su zona rural?

Un brote de violencia como el que se está dando en el vecino departamento podría ser síntoma de que la disputa por los territorios que dejarán las Farc ya comenzó. Por eso, el Estado no puede esperar los 180 días (seis meses) que tardará la desmovilización para hacer presencia en las zonas que dejará la guerrilla. Si la fuerza Pública no toma el control de manera inmediata, lo harán el

ELN, las bracrim, las “águilas negras” o disidentes de las Farc y se perderá la oportunidad de recuperar el control estatal y, lo más importante, la tranquilidad en estos territorios que tienen dos grandes atractivos para los ilegales: los cultivos ilícitos y la minería ilegal.

El Gobierno no puede ir tan lento; palalelamente a la implementación del acuerdo con las Farc debe actuar de manera implacable con los actores armados, pues si se permite que los otros generadores de violencia se fortalezcan y copen nuevos espacios, de nada valdrá el proceso de negociación que acaba de concluir.

Así como ya se está trabajando en los planes de seguridad para las zonas en las que se concentrarán las Farc, deben estar listas también las medidas para los territorios de los que saldrá la guerrilla. O llega el Estado, o llegan otros…

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