El caso de abuso sexual contra una niña indígena emberá, cometido al menos por siete soldados del Ejército Nacional, que ya lo aceptaron, no puede perderse en los anaqueles en los que suelen terminar en este país las llamadas “investigaciones exhaustivas”.

Colombia acaba de aprobar la cadena perpetua para los asesinos y abusadores de menores de edad y, aunque la nueva norma no está vigente, pues aún no ha pasado el control de constitucionalidad ni ha sido sancionada por el Presidente de la República y, por lo tanto, no se puede aplicar todavía, es necesario que, así hayan confesado su crimen, estos soldados reciban un castigo ejemplar. Por la gravedad de los hechos y por involucrar a los miembros de una institución del Estado, se requiere que así sea.

Es necesario que la cadena perpetua para los asesinos y abusadores de niños no tenga ningún escollo y se pueda implementar rápidamente, sería lamentable que después de tantos años de insistir con el tema, la nueva norma se cayera por leguleyadas de quienes, inexplicablemente, adoptan posiciones que favorecen a los verdugos de los niños.

Sin embargo, también es necesario que las autoridades y la sociedad colombiana aborden este tema más allá de lo punitivo; hay que indagar en las causas de este fenómeno y trabajar en la prevención, adoptando además estrategias que permitan a los niños, a los padres, a los acudientes y a los docentes identificar los riesgos y los casos de abuso, algo en lo que la educación oportuna sobre la sexualidad puede contribuir.

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