Sin duda, el ideal en una sociedad que busca el bienestar es que los trabajadores tengan la mejor remuneración posible, pero ese idealismo resulta peligroso a la hora de definir el incremento salarial, pues puede llevar a que se tome una decisión fuera de contexto que no corresponda a la realidad económica del aparato productivo.

En los próximos días se debe definir el ajuste del salario mínimo en Colombia para el año entrante, decisión que se tomará en medio de una coyuntura inflacionaria nacional e internacional que obligará a que el incremento esté porcentualmente muy por encima de años anteriores.

Sin embargo, es importante que el gobierno nacional y quienes hacen parte de la mesa de concertación no confundan el querer con el deber.

El salario para 2023 tiene que contemplar y cubrir la inflación, claro, pero debe fijarse con absoluto criterio técnico para evitar que se traspase el límite en el que se lesione a las empresas, porque los efectos inmediatos en el empleo pueden ser muy graves.

Para nadie es un secreto que la definición del incremento del salario mínimo representa una gran tensión cada año para las pymes y las mipymes, pues un alza que vaya más allá de las capacidades financieras, puede comprometer no solo la rentabilidad sino la sostenibilidad de muchas empresas.

En ese sentido, un ajuste no técnico del salario mínimo puede llevar a muchas empresas que no tienen margen de maniobra en sus finanzas a sacrificar puestos de trabajo para equilibrar o a incurrir en vinculación informal, lo que aumenta el desempleo, por un lado, y precariza las condiciones laborales, por el otro.

Por todo lo anterior, a la hora de definir el incremento del salario mínimo hay que buscar el equilibrio entre el mejor pago posible a los trabajadores y el cuidado de las fuentes de empleo.

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