En la discusión sobre el incremento del salario mínimo, los miembros de la mesa y el gobierno nacional deben cuidarse de caer en el error de descargar exclusivamente en las empresas la mejoría de la capacidad adquisitiva de los trabajadores colombianos.

Es claro que el sueldo básico debe subir, pero hay que tener presente que hay otros factores, que no dependen de los empleadores, sino del gobierno, que son determinantes para que el aumento en los ingresos de los colombianos se refleje de verdad en su poder adquisitivo.

La desindexación de 204 actividades, bienes y servicios cuyas tarifas están amarradas al salario mínimo es clave, pues si al subir los ingresos de los trabajadores suben los precios en igual proporción, el incremento, por alto que sea, será simbólico y saldrá lo comido por lo servido.

En ese sentido, poner en marcha estrategias que mitiguen la inflación y moderen o, en el mejor de los casos frenen, el alza de productos y servicios, es más importantes para mejorar la capacidad adquisitiva de los colombianos que el mismo aumento salarial.

Además, un incremento que sobrepase la capacidad financiera de las empresas, puede disparar el desempleo. En un contexto inflacionario, en el que los precios de los insumos han subido, al igual que el combustible, y ad portas de una reforma laboral que incrementará las cargas para los empleadores, muchas organizaciones, especialmente las pymes y mipymes, pueden verse abocadas a hacer recortes de personal para equilibrar los ingresos y los egresos.

En ese sentido, la fórmula para definir el incremento en el salario mínimo debe apuntar a mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores procurando la protección del aparato productivo. Un sano equilibrio para todos.

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