Los esfuerzos de las autoridades caleñas para evitar aglomeraciones que puedan convertirse en focos de contagio del covid-19 son innegables; además de medidas como la implementación de la ley seca y el toque de queda durante los fines de semana, se han realizado operativos de control para desactivar las reuniones que desatienden las medidas de prevención. Sin embargo, pese a las restricciones y la advertencia tanto de sanciones como del riesgo que implican las aglomeraciones, las fiestas continúan.

Es un error responsabilizar de esto a las autoridades, pues las rumbas en medio de la pandemia tienen que ver con una expresión arraigada en la cultura popular de Cali; esta es una ciudad que baila todo el año y en algunos sectores el baile es, más que un entretenimiento, un estilo de vida.

No se trata de justificar a quienes rompen el aislamiento social y los protoclos de bioseguridad y se exponen a contraer el virus y a contagiar a sus familias, sino de invitar a las autoridades locales y a la sociedad caleña a ver la situación más allá de lo restrictivo.

Con una cuarentena tan extensa, y en medio del aumento de contagios y de muertes por covid-19, que obligará a mantener ciertas restricciones, es necesario pensar cómo se manejará el tema de la rumba, pues está claro que mientras no se habiliten espacios para este tipo de actividades, se trasladarán a las casas y a los barrios, y no habrá ni Policía ni Ejército suficientes para impedirlo.

Partiendo de aceptar que Cali es una ciudad rumbera, hay que preguntarse cómo disuadir y cómo educar a quienes no están dispuestos a renunciar a la rumba. No es un asunto fácil.

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