El Concejo de Cali inició su nuevo periodo con grandes responsabilidades y expectativas ciudadanas.

Su papel como coadministrador será clave para garantizar obras, subsidios y mejoras institucionales. Sin embargo, cada decisión debe equilibrar el impacto social con la sostenibilidad fiscal.

Aprobar proyectos sin análisis profundo podría afectar al municipio y a las familias. Por eso, el control político y técnico debe ser más riguroso que nunca.

La nueva mesa directiva tendrá a su cargo el seguimiento de más de 150 obras estratégicas. Estas intervenciones se financian con el empréstito aprobado por $3.5 billones.

Además, se presentarán acuerdos para subsidios en servicios públicos a 1.350.000 caleños. Si bien estas medidas son urgentes y necesarias, exigen un estudio detallado del impacto fiscal.

El Concejo no solo debe vigilar la ejecución, sino anticipar efectos en las finanzas locales.

Adicionalmente, la modernización del CAM requerirá más de $112 mil millones. Invertir en dignificar espacios institucionales es positivo, pero demanda total transparencia y planeación.

El Concejo de Cali tiene la oportunidad de fortalecer su rol como garante del desarrollo. Para lograrlo, debe actuar con rigor técnico, visión social y responsabilidad presupuestal.

Las decisiones de hoy marcarán el bienestar de las próximas generaciones. Es fundamental que la ciudadanía participe, vigile y exija coherencia.

Coadministrar no es solo acompañar, es corregir, orientar y, sobre todo, pensar en el bien común. Cali necesita un Concejo comprometido, preparado y consciente de su poder transformador.

La ciudad requiere un trabajo en equipo entre la Administración, el Concejo y, sobre todo, la comunidad.

Solo con participación ciudadana activa, escucha institucional y decisiones responsables será posible construir una Cali más justa, eficiente y sostenible para todos.

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