No hay ninguna duda de la necesidad de reformar la justicia colombiana. Es una necesidad a la que el país le ha venido dando largas, con nefastas consecuencias, como una congestión judicial generalizada y una impunidad, a causa de ésta, que ha alcanzado niveles vergonzosos.

Sin embargo, pese a esa necesidad indiscutible de transformar el sistema judicial de manera estructural, la coyuntura sanitaria, social y económica que atraviesa Colombia por cuenta de la pandemia del covid-19 no da espacio para adentrarse en esa discusión, pues la salud de los colombianos y la recuperación de la economía nacional deben ser las prioridades en las que se concentren los esfuerzos tanto del Gobierno como del Congreso.

Una vez pase la pandemia y el país tenga andando un plan de reactivación económica, entonces sí habrá tiempo para atender otros asuntos. La reforma a la justicia requiere tiempo y concentración, no se puede tramitar a la carrera ni mucho menos con los ánimos alterados, pues se podría perder, una vez más, la oportunidad de dotar al sistema de la estructura, los mecanismos y las normas que lo vuelvan ágil y confiable.

Por lo anterior, la reforma a la justicia no debe politizarse, tampoco debe mirarse como un ataque al sistema, pues, por el contrario, es la oportunidad de recuperar la majestad de la aplicación de las leyes, pero este no es el momento oportuno para presentarla ni mucho menos para debatirla.

Si bien reformar el sistema judicial es importante, lamentablemente la coyuntura hace que no sea urgente, pues la atención del pico de la pandemia del covid-19 y las reformas encaminadas a la reactivación económica son apremiantes.

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