Lo que se robaron en la refinería es más de lo que tendrán que pagar los colombianos con los nuevos impuestos.

El anuncio de un juicio de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la República para recuperar los dineros públicos que se perdieron con la ampliación de la Refinería de Cartagena, Reficar, es una buena noticia para el país, pero ojalá no se quede solo en el anuncio, pues detrás de un robo tan grande como este seguramente hay poderosos que harán hasta lo imposible para no responder por este desfalco al erario.

Con la reforma tributaria se espera recaudar $7 billones y los sobrecostos de reficar alcanzan los $8.5 billones. En teoría, la avalancha de alzas e impuestos que enfrentarán los colombianos no sería necesaria si los ladrones de cuello blanco no hubieran aprovechado el proyecto de ampliación de la Refinería de Cartagena para hacer de las suyas.

Este indignante caso muestra dos problemas críticos que confluyen y hacen de los saqueos al erario una constante en nuestro país: por un lado, ladrones profesionales del más alto nivel y, por el otro, un Estado incapaz de vigilar y controlar sus recursos.

Este caso muestra también la necesidad de que el control fiscal se realice en tiempo real, actualmente la ley no permite que las contralorías auditen en vivo y en directo, algo absurdo que hace que los entes de control lleguen cuando ya no hay nada que hacer.

Pese a esta dificultad, las contralorías deben hacer un mayor esfuerzo por recuperar los dineros públicos que terminan en los bolsillos de los corruptos. Es claro que si los órganos de control hicieran un mejor trabajo recuperando los recursos que se llevan los avivatos o, lo que sería mejor, evitando que esto ocurra, proyectos como la reforma tributaria, a través de los cuales se pone a los ciudadanos a reponer lo que otros se robaron, no serían necesarios.

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