El anuncio del Gobierno Nacional sobre el recorte del 56,75% en el presupuesto del Consejo Nacional Electoral (CNE), equivalente a 600.000 millones de pesos, genera serias preocupaciones sobre el futuro de las elecciones en Colombia.

Esta medida amenaza la organización de los comicios atípicos de 2025 y las elecciones generales de 2026, comprometiendo la logística esencial que garantiza la transparencia del proceso democrático.

En una democracia sólida, el financiamiento adecuado de las instituciones electorales es indispensable.

Sin embargo, esta decisión del Ejecutivo no solo afecta la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral, sino que deja en el aire preguntas sobre las prioridades del Gobierno.

¿Por qué se recorta en áreas esenciales mientras se mantienen gastos innecesarios? La creación de nuevas embajadas, la contratación innecesaria en la Presidencia de figuras como el coreógrafo Nerú y los viajes de la vicepresidenta y la primera dama son ejemplos de derroche que bien podrían replantearse.

Además, esta no es la primera vez que el actual gobierno intenta reducir los recursos destinados a la organización de las elecciones.

Este patrón genera un mal sabor y alimenta teorías preocupantes sobre el compromiso del Ejecutivo con la transparencia electoral.

La democracia no solo requiere voluntad política, sino también inversión en su protección.

Es urgente que se prioricen los recursos para garantizar procesos electorales libres y justos.

El Gobierno debe reconsiderar estos recortes y enfocar la austeridad en gastos superfluos.

Ojalá el gobierno garantice estos recursos y despeje las dudas que el mismo creó.

Recortar el presupuesto de las entidades encargadas de velar por estos procesos es inadmisible y pone en riesgo la esencia misma de nuestra democracia.

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