La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que el próximo 20 de junio radicará en el Congreso de la República un proyecto de ley que permita crear una policía local en los centros urbanos con más de un millón de habitantes.

La iniciativa surge a raíz de los cada vez más complejos problemas de seguridad que presentan las ciudades colombianas, como el hurto, en todas sus modalidades, y la extorsión, ante los cuales la Policía Nacional se queda corta.

Aunque se entienden las motivaciones de la alcaldesa de la capital de la República, vale la pena preguntarse si ese sería realmente el camino hacia una solución en la lucha contra el crimen urbano.

Si bien antes del actual gobierno las ciudades colombianas ya sufrían de todos los manes de inseguridad que las aquejan, es innegable que el enfoque dado por el presidente Gustavo Petro y sus ministros de Justicia y Defensa a la seguridad juega en contra de los ciudadanos y a favor de los delincuentes, lo que se refleja en la consolidación y, por lo tanto, aumento de la actividad criminal.

En ese contexto, contrario a dividir los esfuerzos en la lucha contra el crimen, es necesario unirlos, pero ello requiere un gobierno nacional que abandere la ofensiva contra la delincuencia común y organizada, pero esa, lamentablemente, no es una prioridad para el gobierno del presidente Petro.

Los alcaldes, al igual que los gobernadores, deben ejercer presión para que el gobierno nacional asuma la defensa ciudadana y no insista en iniciativas dañinas como los ceses al fuego de la “paz total” y la reforma al Código Penal, que buscará eliminar delitos y dejar sin cárcel otros. Acá la prioridad debe ser la defensa de la vida y los bienes de los ciudadanos.

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