En la sentencia T-987/12, la Corte Constitucional estableció que “El transporte público aéreo es, por mandato de la ley, un servicio público esencial, lo que significa que el mercado económico que le es propio está altamente intervenido por el Estado. Esto con el fin de asegurar la seguridad, eficiencia, calidad y acceso equitativo a las prestaciones correspondientes”.

Sin embargo, lo que ocurre con Avianca demuestra que esa regulación estatal es solo teoría, pues ante la reiterada cancelación de vuelos por parte de la aerolínea, ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto para garantizar la normalidad en el servicio en las rutas afectadas.

Si, por la razón que sea, Avianca no puede cumplir con todas las rutas asignadas, la Aeronáutica Civil debería asignarlas a otras aerolíneas, sería la mejor forma de evitar la afectación personal y económica que genera la cancelación de tantos vuelos.

Si Avianca en verdad tiene respeto por sus pasajeros, debe reconocer cuál es su capacidad de operación real, pues vender tiquetes en rutas que de antemano sabe que no podrá cubrir por falta de personal, es un abuso con los usuarios, que pierden citas, tiempo y dinero, sin contar las incomodidades que deben pasar en las largas esperas, por cuenta del incumplimiento de la aerolínea.

La pregunta de los miles de colombianos afectados por este tema es: ¿porqué el Estado mantiene una posición tan pasiva frente a un asunto tan grave? Lamentablemente, en Colombia el usuario aéreo siempre ha llevado las de perder, pues sus incumplimientos son castigados por las líneas aéreas con penalidades, mientras que las compensaciones para el viajero, cuando es la empresa transportadora la que falla, difícilmente se dan
o no compensan la falta.

¿Quién defiende a los pasajeros? ¿Por qué nada pasa?

Comments