En lo que va del 2023, los oscuros hilos del reclutamiento forzado de menores por grupos al margen de la ley siguen tejiendo una realidad preocupante en Colombia.

La Defensoría del Pueblo ha documentado, con cifras alarmantes, la captación de 166 niñas, niños y adolescentes por estas organizaciones ilegales.

Sin embargo, estas cifras podrían ser aún mayores.
El 75% de estos reclutamientos corresponden a menores de comunidades indígenas, vulnerables y desprotegidos por el tejido mismo de nuestra sociedad.

Departamentos como Cauca, Nariño, Arauca, Putumayo y Caquetá son los más afectados por este flagelo.

A la cabeza de esta tragedia se encuentran las disidencias de las Farc, seguidas por el ELN y otros grupos residuales.

Resulta incomprensible cómo, a pesar de las conversaciones y negociaciones en curso con estas agrupaciones, la exigencia de poner fin al reclutamiento de niños y la liberación de aquellos que se encuentran en sus filas no se convierte en un punto crucial de estas conversaciones.

Es más, nos preguntamos con perplejidad: ¿cómo un gobierno que enfatizó la protección de la niñez durante su campaña ahora se muestra indiferente ante esta realidad? El presidente Gustavo Petro alzó la bandera de la defensa de los niños en su discurso político, pero ahora, con el poder en sus manos, no actúa con contundencia contra los victimarios de los menores de edad.

Las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advierten sobre el riesgo constante de reclutamiento y utilización de menores en el conflicto.

La protección de la infancia no puede ser sólo un eslogan político.

El gobierno no puede actuar o quedarse callado dependiendo de quién sea el victimario y cuál sea su línea ideológica.

Es hora de poner un alto a esta tragedia.

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