El país necesita que se esclarezcan las denuncias que tienen a la Policía en el ojo del huracán.

Aunque tardía, la comisión de alto nivel anunciada ayer por el presidente Juan Manuel Santos para investigar las denuncias que involucran a altos mandos de la Policía Nacional es necesaria, pues la gravedad de las acusaciones amerita su pronto esclarecimiento para tranquilidad de los colombianos.

Acoso sexual, una red interna de prostitución, pagos de falsas recompensas, interceptaciones ilegales a periodistas y hasta una supuesta red sicarial hacen parte de las denuncias que deben ser investigadas con independencia suficiente para determinar qué está pasando en la Policía.

Aunque algunos de los indicios son muy sólidos, en algo tan grave no se puede actuar a la ligera, y es necesario que haya certezas para proceder, porque de ser cierto todo lo que se ha dicho, el golpe de confianza para los colombianos sería fatal, sería el equivalente a confirmar que su seguridad está en poder del hampa.

Si a estas denuncias se suman las que día a día se escuchan sobre supuestas alianzas entre policías y ladrones para facilitar robos en los barrios o de retenes montados para propiciar sobornos, se encuentra que en esta institución es necesario un proceso de depuración profundo, que permita acabar con la cultura de ilegalidad que la ha permeado.

Si en verdad los seguimientos ilegales a periodistas no hacen parte de una política del Gobierno Nacional, el presidente Santos debe ser implacable y las sanciones por las chuzadas y las otras denuncias que se comprueben deben ser ejemplarizantes.

Si quienes hacen parte de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad en un país las convierten en estructuras delictivas al servicio del gobierno de turno, de sí mismos o de terceros, los ciudadanos quedan expuestos a todo tipo de abusos.

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