Lo ocurrido en Tuluá, donde fue destruido el Palacio de Justicia, sumado a hechos similares en otras ciudades, tiene más visos de ser una acción coordinada que un hecho espontáneo.

En Buenaventura, Cali, Jamundí, Palmira, Tuluá y Yumbo se han registrado acciones vandálicas, violentas y hasta terroristas que sería ingenuo catalogar como protestas ciudadanas.

Es como si, siguiendo un libreto que cumplen al pie de la letra, los autores de estas acciones fueran de ciudad en ciudad para destruir alcaldías, CAI, sedes de la Fiscalía y edificios judiciales.

Aunque este tipo de ataques se han concentrado en el Valle del Cauca, también en otros departamentos se han registrado sucesos similares, como en el Cauca, donde fue destruida la URI de la Fiscalía de Popayán, y en el Huila, donde fue incinerada la Alcaldía de La Plata.

El caso de Tuluá, hasta ayer el más reciente, deja en evidencia la preparación: previo al ataque, los delincuentes se aseguraron de bloquear el paso de los bomberos y evitar así que sofocaran el fuego provocado en el Palacio de Justicia, donde quedaron reducidos a cenizas los expendientes de casi 8.000 procesos judiciales.

Y si despierta sospechas la evidente coordinación de esta serie de ataques contra edificaciones oficiales, sorprende la pasividad de las autoridades, allí el caso de Tuluá, nuevamente, sirve como ejemplo: pese a que desde tempranas horas se alertó a las autoridades sobre lo que podría ocurrir, ni la Policía ni el Esmad ni el Ejército aparecieron para impedirlo. ¿Por qué?

Así como se reclama el respeto a la protesta pacífica, es necesario también exigirles a las autoridades acciones contundentes contra los violentos; ¿dónde está la inteligencia? ¿Por qué se subestiman las advertencias?

El reto debe ser no permitir ni un solo hecho más como lo ocurrido el martes en Tuluá.

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