La extorsión es un delito que se les salió de las manos a las autoridades.

El caso del futbolista Faustino Asprilla, víctima de extorsión en Tuluá, puso de nuevo sobre la mesa la compleja situación que vive esta ciudad vallecaucana por cuenta de este fenómeno.

Extrañamente, aunque desde hace más de tres años el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal ha hecho reiteradas denuncias sobre este problema, son cada vez más los tulueños que prefieren irse de la ciudad ante el acoso de los extorsionistas, porque la Policía no ha podido frenar este mal.

Las víctimas no son sólo las 23 familias adineradas que se vieron obligadas a dejar la ciudad por las amenazas de los delincuentes, los comerciantes de la clase media y hasta personas que venden comida en las esquinas también tienen que pagarles cuota de sostenimiento a los extorsionistas.

Más grave aún es que sea necesario que los amenazados sean figuras nacionales como el “Tino” o “Gardeazábal” para que las autoridades reaccionen y, por lo menos, les garanticen su seguridad, mientras que a un pobre parroquiano le quedan tres opciones: pagar, huir o morir.

Es claro que falta una acción decidida y contundente de las autoridades para luchar contra la extorsión que lleva a preguntarse si este delito se ha enquistado en Tulúa por descuido de quienes deben combatirlo o, lo que sería más grave, por complicidad.

Una situación como la de Tulúa requiere la intervención del Gobierno Nacional, que debe hacer presencia en esta ciudad, pero no para que un funcionario se tome unas fotos, dé unas declaraciones y se vaya, sino para que se haga lo que se tiene que hacer para devolverles la tranquilidad a los tulueños.

Ya en Buenaventura y hasta en municipios pequeños, como La Unión, la extorsión empieza a ser evidente, y si no se interviene con prontitud y severidad, se podría repetir el fenómeno de Tulúa.

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