Por muchas razones, la excarcelación de presos es una pésima noticia.

La excarcelación masiva que habrá en todo el país (solo en Cali serán dejados en libertad cerca de 2.400 presos) es una pésima noticia, pues es la confirmación del fracaso del sistema judicial colombiano, un fracaso que no es culpa ni de los fiscales ni de los jueces ni de todo el personal que interviene en el proceso, sino del Estado, pues es tal el nivel delincuencial que hay en el país que desborda la capacidad de un sistema que no se da abasto para resolver todos los casos.

La congestión judicial que vive Colombia es dramática: no hay capacidad para capturar a todos los delincuentes, pero  tampoco hay capacidad para procesar a todos los que son capturados ni tampoco hay capacidad para recluirlos. ¿De qué tamaño debe ser el aparato judicial en un país en el que la ilegalidad campea?

Si bien entre los presos que recobrarán la libertad, a los cuales no se les ha resuelto su situación, puede haber inocentes, también debe haber culpables, por lo que esta excarcelación terminará validando impunidades; sin embargo, tanto unos como otros tienen derecho a un debido proceso y si la justicia no resuelve sus casos no pueden permanecer privados de la libertad indefinidamente.

¿Cuándo el Estado colombiano le dará prioridad a la justicia? Sin un sistema judicial cuya capacidad esté ajustada a la realidad del país, al tamaño de la amenaza delincuencial, será muy difícil que la seguridad funcione.

¿Cuál será el impacto que tendrá en la seguridad de las ciudades la excarcelación de aquellos presos que son culpables y que por la falta de capacidad del sistema judicial quedarán impunes?

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