Preocupante lo ocurrido en la última semana en Cali, donde dos supuestas protestas pacíficas terminaron convertidas en actividades de vandalismo y violencia que sugieren que hay fuerzas ocultas tratando de ocasionar caos en la ciudad para aprovecharlo políticamente.

Tanto en el caso de la manifestación de propietarios y conductores de los buses que deberán salir de circulación este mes, que terminó en bloqueos viales, agresiones a la autoridad y daños a vehículos y estaciones del MIO, como en el de las revueltas en la Universidad del Valle en las que fue asesinado un policía, se evidenció no la intención de protestar para reclamar un derecho, sino la baja finalidad de hacer daño y causar desorden.

¿Acaso los caleños no tienen otra forma de manifestar inconformidad que recurriendo a la violencia?

Independientemente de los elevados índices de riñas y homicidios que hay en la ciudad, la capital del Valle no tiene un histórico recurrente de este tipo de revueltas, que, cuando las hay, son agitadas por los mismos de siempre, expertos en agitar masas de manera irresponsable para sacar provecho, que aplican la macabra tesis de dividir y confundir para reinar.

Los caleños de bien, que son la amplia mayoría de habitantes de esta ciudad, deben ejercer una fuerte sanción social contra los promotores y autores de este tipo de actividades delincuenciales que atentan contra los derechos de todos, pues además de ocasionar pérdidas humanas, como la muerte del policía el pasado viernes, y de dejar lesionados y cuantiosos daños materiales, afectan a toda la ciudad, porque impactan la movilidad, la economía, la imagen y la percepción de seguridad.

Las autoridades deben hacer lo propio e identificar y judicializar a los bandidos que promueven el vandalismo, pues el campanazo con los hechos del miércoles y el viernes indica que si no se contienen cuanto antes, van a seguir causándole gran daño a la ciudad.

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