El Valle del Cauca enfrenta una crisis de seguridad que exige una respuesta contundente y coordinada. La reciente manifestación de unidad en torno a la gobernadora Dilian Francisca Toro, en la cual diversos sectores del departamento expresaron su respaldo al llamado hecho por la mandataria al gobierno nacional es una señal positiva que, ojalá, tenga la respuesta que la región espera por parte del presidente Gustavo Petro.

El condenable ataque contra el padre de la vicepresidenta Francia Márquez, ocurrido este domingo en zona rural de Jamundí, resalta la urgencia de fortalecer la seguridad en la región y valida el incansable llamado de la gobernadora Toro al presidente Petro para que se implementen acciones decisivas contra los grupos armados ilegales.

La unidad demostrada en torno a la gobernadora es un testimonio de la determinación de los vallecaucanos para enfrentar y derrotar la criminalidad.

Sin embargo, hay acciones que exceden la capacidad de los gobiernos locales y requieren la intervención directa del presidente de la República, quien tiene la responsabilidad y el poder para ordenar y proveer los recursos necesarios para frenar a las organizaciones criminales.

La creación de cuatro batallones de alta montaña, propuesta respaldada por congresistas de la región, es una medida crucial que debe ser considerada con urgencia por el gobierno nacional.

Esta iniciativa fortalecería el accionar de la fuerza pública en zonas particularmente vulnerables, ofreciendo una respuesta más efectiva contra los actores ilegales.

Es vital que el Gobierno Nacional no deje solo al Valle del Cauca en esta lucha. La inseguridad y la falta de justicia no pueden ser naturalizadas.

Lo que viene ocurriendo en Jamundí y en el norte del Cauca debe ser atendido con la urgencia que merece, destinando los recursos y la logística necesarios para que la fuerza pública pueda actuar eficazmente.

Solo trabajando juntos, con un compromiso firme de todas las partes, se podrá restaurar la tranquilidad en la región.

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