¿Cómo entender que pocas horas después de que el presidente Gustavo Petro anunciara la fecha de instalación de la mesa de diálogo con las disidencias de las Farc, este grupo ilegal adelantara una escalada terrorista en el departamento del Cauca?

Los herederos de las Farc perpetraron ataques en simultánea en varios municipios de este departamento, siendo el de Timba, en zona rural de Buenos Aires, el más cruel y sanguinario de todos.

El brutal atentado dejó al menos dos civiles muertos y cinco más heridos, y ocasionó gran destrucción en la población.

¿Cuál es la voluntad de paz de una agrupación que procede de esta manera? Lamentablemente, el presidente Gustavo Petro se ha pasado de laxo, pero el romanticismo por los ideales revolucionarios no puede cegarlo, primero, porque ninguno de los grupos armados al margen de la ley que operan en Colombia tiene un propósito político, son carteles de las drogas, la extorsión y la minería ilegal y, segundo, porque él, aunque haya sido guerrillero, es hoy el presidente de la República y, como tal, tiene la obligación constitucional de defender la vida y bienes de los ciudadanos que son acosados por los ilegales.

Es legítimo que Petro busque salidas negociadas con estos grupos, pero se equivoca en el método, pues al tiempo que brinda la mano generosa del diálogo, debe permitir que la fuerza pública confronte a toda organización que insista en el crimen y amenace a la población civil.

Ante lo ocurrido en el Cauca el presidente anunció medidas que ojalá sean sostenidas.

Petro debe aceptar que está tratando con criminales que no dan muestras de voluntad de paz y, como jefe de Estado, debe combatirlos.

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