Otras vez miembros del Ejército fueron obligados a salir de un territorio por miembros de la comunidad en el departamento del Cauca. Esta vez fue en zona rural del municipio de Suárez, donde los militares, que adelantaban operaciones en contra de las disidencias de las Farc, se disponían a realizar trabajos de erradicación de cultivos de coca pertenecientes a esta agrupación ilegal.

A empujones y con gritos, los habitantes de este sector impidieron que los miembros de la fuerza pública cumplieran con su labor. Varios militares trataron de explicarles que estaban allí para protegerlos y defender su territorio de la presencia de los ilegales, pero los esfuerzos fueron en vano.

Aquí hay una gran paradoja: el Cauca es la zona del país en la que se registran más homicidios de líderes sociales, y cada vez que se presenta uno de estos lamentables hechos, abundan los cuestionamientos contra el Estado por no brindarles protección, pero, ¿cómo garantizarles la seguridad, si se impide la presencia de la fuerza pública en sus territorios?

Resulta difícil entender por qué comunidades que padecen todo tipo de violaciones de sus derechos por parte de los grupos armados ilegales expulsan de sus territorios a quienes pueden defenderlos y ayudarles a evitar que los reclutamientos forzados, los asesinatos, el robo de tierras y los desplazamientos continúen. Sólo hay una explicación: los campesinos son utilizados como escudo por parte de los criminales, que los obligan a rechazar la presencia del Ejército. Esto deja a campesinos e indígenas expuestos a graves peligros, pues convierte al Cauca en tierra de nadie, donde los ilegales imponen la “ley”. El Estado debe insistir en recuperar el control territorial, antes de que este departamento se convierta en una “república independiente” tomada por el crimen.

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