En lo que va corrido de diciembre, los reportes oficiales hablan de 112 personas quemadas en todo el país, 32 de ellas en el Valle del Cauca.

¿Cómo entender que pese a los evidentes peligros que implica la manipulación de la pólvora, manifiestos en cada noticia de personas, en su mayoría menores de edad, que resultan quemadas o sufren otras lesiones por manipular elementos explosivos, aún haya gente que se atreva a correr este riesgo injustificado?

Sin duda se trata de un problema estructural, en el que se requieren mayores controles por parte de las autoridades, pero también un trabajo profundo desde la educación, pues en el tema de la pólvora media un factor cultural que asocia el uso de estos elementos a las celebraciones, un factor tan poderoso que hace que muchos no midan el riesgo ni escuchen advertencia alguna.

Por esto es tan importante extremar los controles ahora, pues transformar la visión que se tiene de la pólvora en nuestro país no será un trabajo fácil.

Lo primero que se debe hacer es que la decisión de prohibir la venta de pólvora sea nacional, o, de lo contrario, cada alcalde la tomará de acuerdo a su convicción o conveniencia.

Lo segundo es que los controles tienen que ser reales, hay que perseguir a los fabricantes y comercializadores ilegales; de nada sirve prohibir la pólvora si no hay un despligue operativo que garantice que se cumpla. Por esta época en los sectores populares de Cali es tan fácil comprar pólvora como comprar comida.

Si las autoridades de todo el país no atienden este tema de manera prioritaria, el contador de quemados no se detendrá nunca.

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