El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la seguridad en Cali fue recibido con optimismo.

El mandatario destacó que la ciudad ha registrado 89 homicidios menos en durante 2024, en comparación con el mismo período del año pasado, una cifra que representa un avance significativo, y solicitó al general William Salamanca, director de la Policía Nacional, la implementación de una “zona candado” para garantizar la seguridad durante la COP16, evento internacional que se realizará en la capital del Valle en octubre próximo.

Cali y el Valle del Cauca cuentan con dos mandatarios que han demostrado un fuerte compromiso con la seguridad: el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Ambos se han convertido en líderes regionales en esta materia, aunque su labor ha carecido del apoyo necesario por parte del gobierno nacional.

Es aquí donde el presidente Petro tiene una oportunidad única. Si realmente apuesta por la seguridad de Cali y cumple con sus promesas, encontrará en Eder y Toro a los mejores aliados.

La asignación de recursos humanos, logísticos y presupuestales adecuados es esencial para que los resultados sean palpables y la ciudad se convierta en un modelo en la materia.

La seguridad de Cali está intrínsecamente ligada a la seguridad de toda la región. Por eso, para maximizar los resultados en la lucha contra el crimen, es fundamental intervenir simultáneamente en el sur del Cauca y en otros puntos críticos del Valle del Cauca, como Buenaventura.

Estas áreas son parte de la cadena de ilegalidad que afecta a Cali, y cualquier esfuerzo aislado en la capital será insuficiente sin una estrategia integral.

Lo que se haga en materia de seguridad debe trascender la COP16. Si bien es vital preparar la ciudad para recibir a los participantes de la cumbre mundial de biodiversidad, este esfuerzo no puede finalizar con el evento, sino que debe ser un compromiso duradero para los caleños.

No puede haber una capital segura en una región convulsionada.

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