Las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que se refirió a mujeres periodistas como “muñecas de la mafia”, representan una preocupante escalada en la estigmatización y violencia verbal dirigida hacia la prensa en Colombia.

Este tipo de ataques, además de ser profundamente misóginos, constituyen una amenaza directa a la libertad de prensa, un pilar fundamental de cualquier democracia.

Las periodistas que han investigado y publicado información sobre los crímenes cometidos durante el estallido social no solo cumplen con su deber de informar, sino que también están ejerciendo su derecho a la libre expresión.

Calificarlas de esa manera, no solo desvirtúa su trabajo, sino que también las expone a ataques y amenazas, exacerbados por los seguidores y bodegas petristas que actúan en redes sociales.

El impacto de las palabras del presidente trasciende el ámbito verbal y se convierte en un acto de intimidación contra voces críticas.

Lo más alarmante es que, pese a las múltiples críticas que recibió durante el fin de semana, Petro decidió retransmitir su discurso el lunes en horario triple A, reiterando su agravio en contra de las mujeres periodistas.

Paradójicamente, este ataque verbal se produjo durante la posesión de Iris Marín Ortiz, la primera mujer en ser elegida defensora del pueblo.

Es urgente que las organizaciones feministas, más allá de su afinidad ideológica con el mandatario, levanten su voz en defensa de las mujeres.

No se puede permitir que la identidad política prime sobre la defensa de los derechos de las mujeres. Este episodio es un recordatorio de que la misoginia no conoce de colores políticos y es responsabilidad de todos, sin excepción, condenar cualquier forma de violencia de género, más cuando quien la ejerce es quien debe garantizar los derechos de todos los colombianos.

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