Así como en nuestro país cualquier persona, esté preparada o no, puede postularse a cargos de elección popular sin tener que cumplir más requisitos que la edad, también cualquiera puede montar un partido político, como si se tratara de abrir una tienda o cualquier otro negocio, aunque, en últimas, eso es lo que terminan siendo.

Aunque un ciudadano bien informado difícilmente debe tener presentes los nombres de 10 colectividades, en Colombia existen 35 partidos políticos con personería jurídica, la mayoría de los cuales funcionan como tiendas de avales.

Así como se lee, pues, por debajo de la mesa, dependiendo del ente territorial y del cargo al que se aspire, venden candidaturas a alcaldías y gobernaciones y cupos en las listas a concejos, asambleas y el Congreso de la República.

Bien valdría la pena que las autoridades electorales revisaran cuáles de estos supuestos “partidos” en verdad lo son y que, de ser necesario, se promoviera una reforma que estableciera unos requisitos y filtros que funcionen para garantizar que las personerías jurídicas se entreguen de verdad a organizaciones políticas que tengan una estructura y una propuesta ideológica clara.

Darle validez a partidos de garaje es avalar un esquema político oportunista movido por la ideología del dinero y, por lo tanto, es una manera de fomentar la corrupción en la política, pues la mayoría de ellos son montados por personajes movidos por la intención de obtener beneficios personales y económicos, no por un modelo de gobierno para mejorar la calidad de vida de una ciudad, una región o un país.

Claramente, estos partidos carecen de un compromiso con el bienestar público y cambian sus posiciones fácilmente en función de las circunstancias y de sus intereses.

Los partidos políticos deben tener una base sólida de valores, principios y estructura organizativa, y los que no cumplan con estos requisitos no deberían ser reconocidos como tales.

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