Las colectividades se lavan las manos ante las faltas y delitos de sus avalados.

Por estos días Cambio Radical es centro de debate, pues en un mismo periodo tres políticos que fueron elegidos con el aval de esta colectividad en La Guajira fueron apartados de sus cargos: los gobernadores Kiko Gómez y Oneida Pinto, y el alcalde de Rioacha, Fabio Velásquez. El primero fue hallado responsable del asesinato de tres personas, la segunda estaba inhabilitada y el tercero fue capturado por un caso de corrupción.

No se trata de un problema exclusivo de Cambio Radical, tampoco de La Guajira. A lo largo y ancho del país y en todos los partidos abundan los ejemplos de dignatarios elegidos popularmente destituidos por asuntos disciplinarios, fiscales y penales, sin que los partidos políticos que los avalaron asuman responsabilidad alguna. Cuando una colectividad le da el aval a un candidato, está certificando que se trata de un ciudadano probo y apto para desempeñar el cargo al que se postula, por eso cuando ese candidato es destituido por hechos de corrupción, por asuntos disciplinarios o penales, el partido también debería responder, eso obligaría a las directivas a revisar mejor las hojas de vida de quienes solicitan avales y dificultaría que tanto bandido accediera a cargos de elección popular.

La colectividad que avale a un alcalde o un gobernador que sea destituido, debe perder el derecho a presentar candidato propio o en coalición al mismo cargo en la elección posterior. Y en el caso de las corporaciones públicas, por cada concejal, diputado o congresista destituido, la lista del partido debe perder un renglón. Lo más grave del asunto es que el Congreso difícilmente legislará para poner a los partidos políticos en cintura, pues no hay partido que se salve. Mientras tanto queda la presión social, la posibilidad de que los ciudadanos, ojalá, castiguen en las urnas lo que no castiga la ley.

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