Con la intervención de las EPS Sanitas, Nueva EPS y SOS de Comfandi, el 70% de los vallecaucanos ahora depende del manejo del gobierno nacional de sus servicios de salud, lo que plantea interrogantes sobre la calidad y continuidad de la atención médica para cientos de miles de personas en el departamento.

Ante esto, las autoridades de salud del Valle del Cauca expresaron su inquietud sobre los posibles efectos negativos que puedan tener estas intervenciones en la prestación del servicio. María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del departamento, señaló la complejidad de la situación y advirtió sobre posibles dificultades.

Ante esto, resulta inevitable preguntar si el gobierno del presidente Gustavo Petro, al intervenir estas EPS, está preparado para ofrecer un servicio de mejor calidad, o si, por el contrario, continuarán o, lo que es peor, se profundizarán los problemas administrativos que llevaron a la intervención en primer lugar.

Las declaraciones del agente interventor de la Nueva EPS, Julio Alberto Rincón, plantean preocupaciones adicionales, pues su llamado a los afiliados para un “uso racional” de los servicios de salud sugiere la posibilidad de justificar las esperas y deficiencias que antes eran objeto de críticas.

Si bien se habla de la intervención como una medida para mejorar la atención al usuario, la experiencia sugiere lo contrario. Un informe de la Contraloría advierte sobre el riesgo de liquidación de las EPS intervenidas debido al empeoramiento de su administración. ¿Qué garantías tenemos de que esta vez será diferente?

Los ciudadanos merecen saber cómo se abordarán los desafíos actuales y cómo se garantizará una atención médica de calidad en el futuro. El gobierno decidió asumir el control de las EPS, entonces debe administrarlas de manera efectiva y transparente.

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