“Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar; les vamos a dar una ayuda para que entren al Sena y para entrar a la universidad”.

Estas palabras hacen parte del discurso pronunciado el viernes de la semana pasada por el presidente Gustavo Petro en Buenaventura.

El mandatario llegó al puerto vallecaucano ante la crisis de inseguridad y violencia que allí se vive e hizo este anuncio que, si bien podría estar lleno de buenas intenciones, por la forma en la que fue planteado, alimenta la lógica perversa que alienta cada vez a más jóvenes a ingresar al mundo del crimen.

Es claro que hay que buscar mecanismos para sacar de la delincuencia a miles de colombianos de las nuevas generaciones y, sobre todo, hacer un esfuerzo mayúsculo, a partir de la generación de oportunidades, para evitar que otros caigan en ese mundo.

Sin embargo, el planteamiento hecho por el presidente Petro puede convertirse fácilmente en un incentivo perverso que, contrario a lo que se busca, puede llevar a más jóvenes a involucrarse en la delincuencia con el objetivo de recibir dinero del gobierno, sin que esto implique que en verdad dejen de cometer ilícitos.

Además, al recompensar económicamente a los delincuentes, se corre el riesgo de enviar un mensaje erróneo a la sociedad, pues se podría interpretar como una falta de justicia, ya que se estaría pagando a personas que han infringido la ley en lugar de hacerles rendir cuentas por sus acciones para después emprender un proceso de resocialización.

Igualmente, se envía un mensaje contradictorio a los jóvenes que no están involucrados en la delincuencia pero enfrentan dificultades económicas. Si el gobierno decide pagar a los delincuentes, podría dar la impresión de que se les está otorgando un trato preferencial a quienes violan la ley. Es cambiar la lógica de “ser pilo paga” por la de “ser pillo paga”.

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