Sería el colmo que la doble calzada a Popayán no se pudiera construir

Lo que está ocurriendo con el proyecto de la doble calzada entre Santander de Quilichao y Popayán es una muestra más de la ineficiencia del Estado colombiano. Los recursos para esta anhelada y necesaria obra ($1.2 billones) están a punto de perderse, pues el contrato podría caducar debido a que las obras no han podido iniciar por varios requisitos legales.

Los principales obstáculos para el inicio de la construcción de la vía, que ya tiene un año de retraso, han sido las consultas previas con las comunidades y las licencias ambientales.

Es paradógico, el Estado aporta los recursos para el proyecto, pero las mismas condiciones que el Estado impone no permiten que una obra tan importante para la competitividad del país se ejecute.

No se trata de que las obras públicas se realicen sin que se hagan las consultas con las comunidades y mucho menos sin las licencias ambientales, ambos requisitos son importantes, pero no se pueden constituir, como ha ocurrido en otros casos, en factores que imposibilitan proyectos de desarrollo.

El año pasado Epsa desistió de la construcción de la segunda línea de energía a Buenaventura a raíz de la imposibilidad de llegar a un acuerdo con las comunidades, algunas de las cuales habrían invadido de manera intencional áreas del trazado del proyecto. Los casi 400 mil habitantes del distrito portuario, afectados por una minoría que se negó a conciliar. En el caso de la doble calzada a Popayán puede ocurrir lo mismo.

Hay que respetar a las minorías, escucharlas y protegerlas, pero no en detrimento de las mayorías, y este es un caso. No se trata de pasar por encima de quienes se oponen al proyecto, sino de ser eficientes en la búsqueda de salidas que prioricen el bien general.

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