Si bien hay que exigirle a las autoridades mayores controles, los ciudadanos tienen una cuota de responsabilidad importante.

El decomiso de dos toneladas de pólvora durante la última semana en la región, una en Buenaventura y otra en Popayán, es una alerta que indica que petacas, voladores, totes, chispitas y demás de estos elementos están circulando en grandes cantidades, pese a la prohibición de su venta.

Si bien tras cada uno de los casos de quemados con pólvora hay deficiencia en el control que deben ejercer las autoridades para evitar la comercialización de estos peligrosos elementos, la responsabilidad mayor recae sobre los adultos

que la compran y manipulan y, lo que es peor, permiten que sus hijos lo hagan, exponiéndolos a riesgos como quedar ciegos, sufrir amputaciones y hasta morir.

La pólvora es tan peligrosa que no es necesario que detone para que haga daño, pues además de las emergencias por quemaduras, en hospitales y clínicas se atienden casos por intoxicación producto de su manipulación.

Lo incomprensible es cómo, pese a la reiteración de las autoridades y los medios de comunicación sobre los peligros de la pólvora, hay ciudadanos a quienes el mensaje les entra por un oído y les sale por el otro. Si bien es cierto que en todo este proceso media un factor cultural que ha ligado por años el uso de explosivos luminosos y detonantes a las celebraciones, a estas alturas de la historia resulta injustificable su utilización, salvo en aquellos eventos en los que se hace de manera controlada, en manos de expertos y con todas las medidas de seguridad para evitar hechos que lamentar.

Quienes tienen claro el peligro que representa la pólvora y no la compran ni permiten que sus hijos la manipulen, deben ayudar a combatir este problema denunciando la venta ilegal y ejerciendo presión social sobre quienes aún no han entendido que este es un asunto de responsabilidad.

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