Es desconcertante que el presidente Gustavo Petro acuse a la oposición y a los medios de comunicación de liderar un supuesto “golpe blando” contra su gobierno, mientras que las denuncias que sacuden su administración provienen de exfuncionarios del Estado e incluso de su exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Este último, obligado a renunciar por el propio presidente, no solo enfrenta señalamientos por su presunta responsabilidad en los hechos de corrupción en la Ungrd, sino que también denunció posibles irregularidades por parte de Nicolás Alcocer Petro, hijo del jefe de Estado, y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a quienes señaló por presunto tráfico de influencias en la adjudicación de contratos.

El país merece explicaciones, no distracciones.

Resulta inadmisible que se intente desviar la atención hacia una supuesta conspiración cuando las denuncias plantean posibles irregularidades graves que afectan la confianza pública en el gobierno.

Claro que Bonilla, Alcocer y Roa tienen derecho a la presunción de inocencia y a un proceso justo, pero eso no puede traducirse en exigir un silencio absoluto de la oposición o de los medios.

La democracia exige que estos casos se investiguen a fondo, sin importar a quién incomoden.

En lugar de victimizarse, el presidente Petro debería reflexionar sobre el estado de su administración, porque un gobierno que acumula escándalos y denuncias no se corrige con retórica, sino con acciones concretas.

Este gobierno cada día se convierte en el ejemplo perfecto de aquello que Petro tanto criticó como opositor: un sistema lleno de irregularidades, carente de credibilidad y alejado de las promesas de cambio que lo llevaron al poder.

Comments