La seguidilla de casos de corrupción de los últimos dos meses es desconcertante.

La captura del alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, por su presunta responsabilidad en irregularidades en la contratación de ampliación de cobertura educativa, independientemente de que sea hallado responsable o no, es un golpe emocional muy fuerte, no solo para el pueblo bonaverense, sino para el país entero, pues se suma a la cadena de escándalos por corrupción pública que tanto han minado la confianza de los ciudadanos en la administración pública y en la clase política.

Hace menos de un mes un juez penal de Bogotá dictó una pena de 18 años y nueve meses de prisión contra José Félix Ocoró, anterior alcalde de Buenaventura, hallado responsable de los delitos de peculado por apropiación agravado en concurso con interés indebido en la celebración de contratos.

Hace dos semanas Álvaro Cruz renunció a la Gobernación de cundinamarca luego de que fuera citado a audiencia de imputación de cargos por su presunta participación en el denominado carrusel de contratos en Bogotá. Días antes de la dimisión del mandatario seccional otro sonado caso había sacudido al país: la captura de la alcaldesa de Florencia, Caquetá, María Susana Portela, junto a su esposo, dos secretarios de la administración municipal y once concejales también por presuntos hechos de corrupción.

Paradógicamente, entre más complejo se ha hecho el sistema de contratación pública, mayores son los escándalos por corrupción, es como si las trabas para contratar, contrario a estimular las malas prácticas, las estimularan.

En momentos en los que el país entero se apresta para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, estos casos alimentan el divorcio de los ciudadanos frente al sector público y pueden convertirse en factores estimulantes de la abstención, cuando lo que deben hacer los ciudadanos para evitar que estas historias se repitan es salir a votar de manera copiosa por candidatos que encarnen de verdad las prácticas transparentes.

Comments