Es hora de que los colombianos envíen un mensaje contundente a la clase política.

La Registraduría avaló la continuidad de la consulta anticorrupción. Si el proceso sigue su curso sin obstáculos, el 11 de marzo, día de las elecciones legislativas, los colombianos recibirán, además de las tarjetas electorales para Senado y Cámara, una adicional con siete preguntas encaminadas a endurecer los castigos contra los políticos y contratistas corruptos.

Reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos mensuales, eliminar la reclusión especial para los condenados por hechos de corrupción y prohibirles contratar con el Estado, así como establecer un límite de máximo tres periodos para ocupar una curul en una corporación pública (JAL, Concejo, Asamblea, Cámara y Senado), son algunos de los puntos que incluye esta consulta.

En la actual coyuntura del país, en la que los colombianos están asqueados frente a la corrupción, esta iniciativa se constituye en la oportunidad de enviarle un mensaje claro y contundente a la clase política. Es claro que los congresistas no van a aprobar reformas que vayan en contra de sus intereses, prueba de ello es que han hundido en dos oportunidades proyectos que buscaban limitar su reelección, por eso son los ciudadanos quienes deben hacerlo, y la única forma es través del voto. Para que los siete puntos de la consulta anticorrupción se vuelvan de obligatorio cumplimiento, es necesario que al menos once millones de ciudadanos participen en la consulta y que seis millones de ellos la aprueben.

Sin embargo, para que la ciudadanía se apropie del tema y participe de manera copiosa, como se necesita, es fundamental que el tema no se politice, y ese es un reto complejo, pues la iniciativa es liderada por la senadora Claudia López, hoy candidata presidencial. Para ello hay que entender que en nuestro país la corrupción no ha distinguido partido ni color político, hay ejemplos aberrantes de izquierda a derecha, y por eso hay que condenarla venga de donde venga.

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