No cabe duda que la seguridad será un tema protagónico en la campaña política de este año. Los centros urbanos están tomados por el crimen y, por lo tanto, los ciudadanos estarán ávidos de propuestas encaminadas a devolverles la tranquilidad.

Además de los homicidios, que, aunque presentan una leve disminución, siguen en niveles muy altos, en ciudades como Cali la gente vive con miedo a ser víctima de cualquier modalidad de robo, estafa o extorsión, porque la criminalidad está al acecho.

No es un asunto de percepción y no es algo que se combata con estadísticas. En los barrios la gente sabe quiénes son los de las llamadas “oficinas” desde donde se coordinan desde homicidios hasta robos de vehículos, de casas, se imponen vacunas a los comerciantes y se maneja el microtráfico de drogas.

No es exagerado cuando se dice que hasta los vendedores de arepas pagan extorsión, es una realidad, pero muy pocas personas denuncian por temor a retaliaciones de los delincuentes o por falta de confianza en las autoridades.

Los tentáculos de la ilegalidad son cada vez más grandes y fuertes, por eso preocupa que las autoridades no actúen de manera estratégica, sino que se limiten a una labor meramente reactiva, cuando lo que se requiere es una ofensiva operativa y de inteligencia contra el crimen.

Aquí tienen mucho que hacer los alcaldes, pero es fundamental que el gobierno nacional priorice la recuperación de la seguridad o, de lo contrario, los esfuerzos locales seguirán siendo insuficientes.

Los delincuentes tienen que estar en la cárcel, pero cumpliendo sus condenas de verdad, no coordinando desde allá más acciones en contra de la sociedad. La consigna debe ser rescatar las ciudades de las garras del crimen.

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