El caso de un adulto mayor, vendedor ambulante, que fue golpeado por policías en Bogotá, y los casos de mariachis que han sido multados por dar serenatas en las afueras de unidades residenciales, deben llevar a los colombianos, pero en especial a las autoridades, a reflexionar sobre la criminalización de aquellos ciudadanos que, a pesar del aislamiento, se ven obligados a salir a la calle para buscar su sustento y el de sus familias.

A estas personas, en lugar de golpes o multas, el Estado debería asistirles con bonos o mercados, pero al agredirlas físicamente o al imponerles sanciones pecuniarias que no tienen cómo pagar, las convierte en víctimas y las deja en una situación sin salida.

Un Estado que no puede garantizarle el mínimo vital a sus ciudadanos, está impedido moralmente para arremeter contra aquellos que salen a buscarlo. Hay que diferenciar entre aquellos que rompen el aislamiento por indisciplina, como los de las fiestas, y quienes lo hacen por necesidad, por física hambre. Los primeros merecen sanciones judiciales y económicas por irresponsables, pero a los segundos, además de una disculpa, el Estado debe brindarles ayuda inmediata.

Por lo anterior, si el Estado colombiano no tiene la capacidad de garantizarles el mínimo vital a quienes viven del rebusque, debe incorporarlos dentro de los sectores a los que se les permitirá retomar sus actividades, exigiéndoles, claro está, mantener los protocolos básicos de prevención, pero no puede sanatizarlos ni mucho menos convertirlos en delincuentes por buscar su subsistencia.

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