Es claro que a los colombianos se les colmó la paciencia con la clase política; se cansaron de que se roben los recursos públicos.

Se calcula que anualmente la corrupción le cuesta a los colombianos $50 billones. Esto explica porqué el fenómeno electoral del ingeniero Rodolfo Hernández, cuya bandera de campaña es la lucha contra los corruptos, esos políticos a los que él, en su estilo directo, y con toda razón, llama “bandidos,” y “atracadores”.

La reforma tributaria presentada el año pasado por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que desató el estallido social, buscaba recaudar $22 billones anuales, lo que quiere decir que Colombia no necesitaría crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes si los recursos públicos fueran manejados con pulcritud.

Es más, sobraría plata para invertir en las necesidades de tantos y tantos colombianos.

Lo paradójico es que, aunque existen órganos de control que tienen claro cuánto se roban los corruptos al año, el desangre de las finanzas del Estado no se detiene, y es posible que nunca se detenga mientras quienes vigilen el gasto público sean amigos o aliados de los políticos que deciden con quién se contrata.

El séptimo mandamiento de la ley de Dios es “No robarás”, una prohibición que hace referencia al grave pecado de perjudicar al prójimo despojándolo de sus bienes.

En ese sentido, lo que hicieron los colombianos el domingo fue renovar este mandamiento como un mensaje para notificar a su clase política del cansancio ciudadano ante el atraco permanente al que someten al pueblo.

La gente llegó a una conclusión obvia: todos los problemas del país se pueden solucionar si los políticos dejan de robar.

Foto: Pixabay

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